El bacheo de Grasso y el consejo de Giubetich
El Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso (FPV) lanzó con bombos y platillos un programa de bacheo en la ciudad capital y la iniciativa no es mala, lástima que esperó hasta que las calles céntricas y periféricas de la ciudad estuvieran detonadas, para tomar en sus manos la solución del problema.
Y el intendente se despertó una mañana y pensó “Ya es hora, hagámoslo…” y sacó a relucir la máquina de asfalto que compró en el 2025 pero la cual, a pesar de que Río Gallegos es casi una réplica de Kosovo o Ucrania, por los hoyos, sobre bordes, rajaduras, asfalto roto y calles prácticamente destruidas, no había entrado en acción porque aún no era el momento.
Pablo Grasso hace (meses más o menos) 7 años que es intendente y a mediados del anteúltimo año se acordó de arreglar las calles (supuestamente, habrá que ver si hay un plan real e integral) y esto tiene una explicación que en algún informe anterior lo hemos comentado.
Cuando Roberto Giubetich, ex intendente, ex secretario de obras públicas de la municipalidad, le dejó a Grasso la llave del municipio, le dio un consejo claro, conciso y con aplicación en la práctica durante las gestiones de Roquel y del propio Giubetich. Éste le dijo al intendente entrante. “Vos no te calientes, el último año y antes de la campaña, preocupate por arreglar algunas calles, asfaltá algunas cuadras y te votan igual; pero no antes, porque es al pedo”.
Y es lo que está poniendo en práctica Grasso. El intendente que necesita el voto en el 2027, está apostando a la amnesia social, esa misma que después de 7 años de desastrosa gestión, le permite decir en sus declaraciones en los medios pagos, que él va a solucionar los problemas que él mismo generó.
Un Estado sin palabra
Se infiere que cualquier compromiso contractual que produce el Estado entre sí o con particulares, deben ser de cumplimiento efectivo, irrenunciables e indelegable. Pues no. El Estado, en sus tres facetas (nacional, provincial y municipal) se encarga de aplastar ese concepto en el caso del SAMIC de El Calafate y plantea la paradoja de un Estado que incumple sus propias normas sin sufrir consecuencias y eso solo se explica por la subordinación del derecho administrativo a la conveniencia política y la falta de mecanismos automáticos de control interjurisdiccional. El caso del Hospital SAMIC de El Calafate expone las fallas estructurales de los modelos de administración compartida, donde los convenios terminan operando como sugerencias en lugar de obligaciones legales.
Se configura así un escenario donde la administración pública no opera bajo el imperio estricto de la ley, sino bajo un sistema de excepcionalidad permanente. Las reglas que el propio Estado crea son tratadas como herramientas de negociación transitorias; si la coyuntura política cambia, (antes el FPV, ahora LLA) el cumplimiento de la norma simplemente se suspende sin que el sistema judicial o los entes de control (como las auditorías o tribunales de cuentas) logren revertirlo en tiempo real.
Al intendente Javier Belloni se le ocurrió separarse o abandonar el Consejo del SAMIC porque el signo político nacional y provincial no es el suyo y lo resolvió con una resolución municipal y la aprobación del CD. El gobierno provincial no abre la boca y el nacional deja hacer, al punto que Parques Nacionales, sin ningún tipo de licitación pública y con la sola decisión política de “alguien” no identificado, firmó un contrato de servicio con cargo al SAMIC, en funciones diametralmente opuestas a su calificación como unidad sanitaria tripartita en El Calafate.
Cuando Belloni decide retirar su participación o dejar de aportar su cuota, ejerce una maniobra de presión que, aunque vulnere el estatuto original, se sostiene porque las otras partes evalúan los costos. A menudo, Nación y Provincia concluyen que el costo político de intervenir el hospital o entablar una demanda contra el municipio es mayor que el de tolerar la irregularidad y absorber el déficit.
Si ellos que son el Estado vulneran las propias leyes que conforma el propio Estado e incumplen los acuerdos interjurisdiccionales, sin duda el ejemplo no cunde hacia abajo y los actores pierden autoridad ante la opinión pública a los que, en muchos casos, les van a pedir el voto.
Camaradas, compañeros y correligionarios
El mal humor en algunos allegados al sindicato de la legislatura (APEL) encendió la mecha de la discordia por los históricos que entran por la claraboya con títulos de “asesores y/o colaboradores” y son borders políticos que acumular horas como si estuvieran jugando a la Play Station, acumulando algunos sueldos que le ayuden a complementar su llegada a fin de mes, con las necesidades básicas muy satisfechas.
De esta no escapa nadie. Radicales históricos, los viejos “compañeros” que rondan los pasillos y se amontonan en las oficinas sobrecargadas del edificio legislativo y hasta algún “camarada” que colgó la hoz y el martillo y la cambió por algún trapo vistoso con grandes consignas sindicales.
En ese trance de no dejar a ninguno afuera, el presidente de la Cámara Fabián Leguizamón está decidido a encarar el año lectivo rodeado de amigos y favorecedores y para ello hace uso (como sus antecesores) del poder de nombramiento que le da su cargo y los del gremio de la legislatura que nos prometieron el listado de ñoquis para que expongamos que poco cambió en la Cámara a pesar de los cambios, reniegan por que un periodista radial de nombre Franco Darío Paz está designado al lado del vicegobernador junto con otro “histórico” que sigue prendido de la beca: Javier “Tito” Lamas, ex concejal de 28 de Noviembre, un Radical que no le hace cara fea a los 2 millones que por más de un año, va a percibir para “complementar” las necesidades insatisfechas que sufre la clase política cuando deja sus cargos públicos y empiezan a extrañar la necesidad de servir al prójimo.
Parece que no pero en 12 meses (mínimo) son 24 milloncitos que si uno lo pone en perspectiva, ayudan a la canasta familiar de estos sacrificados colaboradores de la fauna política provincial, que siempre se las arreglan para merodear la billetera del Estado.
El problema de algunos como “la leyenda” (Tito Lamas) es que habla de más y en Rospentek, donde es docente y cobra como tal, en su DDJJ de cargos habría blanqueado su “asesoría” en la Legislatura provincial y como no tiene nada que esconder, puso hasta los horarios que tiene asignados por Leguizamón. Todo legal. (Agencia OPI Santa Cruz)
