Esta nota nace porque alguien tiene que analizar, considerar y decir lo que podría pasar si algo irremediable pasa en YCRT. Si en 27 días YCRT tuvo tres incidentes graves por falta de seguridad laboral, todo hace suponer que en cualquier momento vamos a tener que lamentar un hecho fatal que nos haga recordar la tragedia de mina 5 en el año 2004.
Esta nota nace porque alguien tiene que analizar, considerar y decir lo que podría pasar si algo irremediable pasa en YCRT. Si en 27 días YCRT tuvo tres incidentes graves por falta de seguridad laboral, todo hace suponer que en cualquier momento vamos a tener que lamentar un hecho fatal que nos haga recordar la tragedia de mina 5 en el año 2004.
(Por: Rubén Lasagno) – Esta nota nace porque alguien tiene que analizar, considerar y decir lo que podría pasar si algo irremediable pasa en YCRT. Si en 27 días YCRT tuvo tres incidentes graves por falta de seguridad laboral, todo hace suponer que en cualquier momento vamos a tener que lamentar un hecho fatal que nos haga recordar la tragedia de mina 5 en el año 2004.
Luego del hecho consumado, la opinión pública, los políticos, la sociedad y los medios, comienzan a elucubrar todo tipo de especulaciones y a rasgarse las vestiduras; para que ello no ocurra, es que hacemos esta nota. Después, será tarde.
Si comparamos las épocas y las circunstancias, vemos que hoy YCRT está en una situación similar a cuando el entonces presidente Duhalde prohibió la producción del yacimiento, por las malas condiciones de seguridad y desinversión en que las había dejado Tasseli y Arnold como Interventor, ordenó ponerla a trabajar.
Desde el 2003 que asumió el gobierno nacional Néstor Kirchner hasta el 14 de junio del 2024 que ocurrió el derrumbe que mató a 14 mineros, la mina seguía sin inversiones.
Después de esa fecha “apareció” el gobierno nacional; Néstor llorando sobre los ataúdes y una andanada de “inversiones” que desde ese momento llegaron a la cuenca, al tal punto, que se pasaron para el otro lado de la necesidad básica que tenía la mina y comenzaron a usar al yacimiento para lavar dinero, simular inversiones y robar fondos públicos con el armado del tridente: YCRT-UTN-Isolux Corsán, bajo el padrinazgo del Ministerio de Planificación con Julio De Vido y José López, como los funcionarios corruptos y chorros que dirigían la organización ilícita ordenada desde la presidencia, primero de Néstor y después de su viuda.
Con alguna intermitencia, YCRT logró sacar algunos barcos con carbón en épocas del gobierno de Mauricio Macri, pero cuando éste perdió las PASO, los sindicatos plantaron un paro que terminó dinamitando la producción y con la llegada del kirchnerismo, YCRT volvió a ser lo que había sido. Luego, con la llegada de Javier Milei que dijo iba a cerrarla y/o privatizarla, la empresa siguió siendo un costo para el erario, hubo corrupción con las otras intervenciones y de hecho Thierry Decoud fue expulsado por negociar con la venta de carbón y desde entonces está Pablo Gordillo, un kirchnerista reconvertido que agarró la posta y sigue hasta hoy.
Pero el gobierno nacional no ha puesto un solo peso para invertir en seguridad, mantenimiento y conservación de equipos y mucho menos aportó capital para renovar máquinas y equipamiento. Solo envía el monto de dinero necesario y justo para pagar los salarios y armó una figura sui géneris entre Estado y algún privado que va a caer en cualquier momento, con un Interventor que como hemos demostrado con documentación e informes muy completos, está en el negocio de ceder parte de la empresa (yacimiento y usina 240) a valores de remate.
Bajo esta situación está hoy YCRT. Sin capacidad operativa, pero con la necesidad del interventor de demostrar que YCRT “sigue funcionando a pesar de todo” y a mi criterio es ésta última frase la que pone a los trabajadores en serio riesgo de vida.
Si en 27 díastuvieron tres situaciones graves que podrían haber terminado en tragedia; quiere decir que la seguridad al límite en la que se desempeñan los trabajadores los pone ante un escenario similar al de 2004 y entonces, ahora (y no después) quiero analizar cómo van a reaccionar las autoridades y la opinión pública, si un hecho luctuoso ocurriera.
El Interventor
El Decreto Nacional 869/2024 (publicado en el Boletín Oficial el 1 de octubre de 2024) designó a Pablo Sebastián Gordillo (D.N.I. N° 25.667.705) como nuevo Interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, en la Provincia de Santa Cruz.
Es Interventor con rango y jerarquía de Secretario, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, asumió en sustitución del saliente Thierry Decoud y su nombramiento lleva la firma del Presidente de la Nación, Javier Mile y del Ministro de Economía, Luis Caputo.
El marco legal que rige las misiones, funciones y responsabilidades del Interventor del yacimiento se basa en los decretos históricos de intervención (comenzando por el Decreto N° 1034/2002) y las normativas subsiguientes, incluyendo la transformación jurídica de la empresa a través del Decreto N° 115/20.
Entre las misiones del interventor, el alcance de su responsabilidad y los criterios legales respecto de la corresponsabilidad de las autoridades nacionales ante un posible siniestro fatal, quedan especialmente determinados en el siguiente esquema del contexto legal que lo determina.
Misiones y Funciones del Interventor en YCRT
El Interventor concentra la totalidad de las facultades de administración y representación que el Estatuto de la empresa originalmente otorgaba al Directorio y a la Sindicatura. Sus funciones principales son, ejercer la conducción integral de la explotación del yacimiento de carbón, los servicios ferroportuarios en Punta Loyola y Río Gallegos, y la generación de energía asociada; asegurar la continuidad de las operaciones bajo condiciones de viabilidad técnica y dictar las disposiciones internas de seguridad, mantenimiento y control de riesgos dentro de la mina. Y finalmente administrar los recursos humanos (bajo la Ley de Contrato de Trabajo), proponer y ejecutar las partidas presupuestarias destinadas a la inversión en infraestructura y seguridad laboral, y firmar contratos de abastecimiento y servicios.
Responsabilidad legal al frente del yacimiento
La responsabilidad civil, administrativa y penal de lo que ocurre dentro del yacimiento recae directamente sobre las autoridades a cargo de la gestión de la empresa, es decir el interventor Pablo Gordillo.
Responsabilidad Penal (Garantía de seguridad). El Interventor y su línea de directores técnicos y jefes de seguridad e higiene actúan en carácter de garantesde la indemnidad física de los trabajadores.
El Código Penal argentino estipula que, en caso de accidentes provocados por negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos (Artículos 84 y 94 relativos a homicidio y lesiones culposas), la investigación judicial se dirige hacia los funcionarios ejecutivos que omitieron deliberadamente las medidas de seguridad exigidas por la legislación minera y los protocolos de riesgo.
Responsabilidad Civil y Administrativa. Como administrador de fondos públicos y bienes del Estado, Gordillo es directamente imputable por malversación o por omisiones que generen perjuicios económicos al patrimonio estatal o demandas de terceros por accidentes de trabajo.
Los otros corresponsables
Si en el yacimiento ocurriera un hecho luctuoso, evitable pero que lleva al personal a sufrir las consecuencias de la desinversión, le cabe a cualquier ciudadano a denunciar al interventor del yacimiento Pablo Gordillo y también al presidente Javier Milei y al Ministro Caputo, a quienes les cabe responsabilidad si se dan las condiciones que marca claramente la ley,
Corresponsabilidad de los funcionarios que nombraron a Gordillo
En el derecho administrativo y penal de la República Argentina, la firma del decreto de designación de un funcionario no genera de manera automática una corresponsabilidad penal directa ante un siniestro operativo o tragedia laboral.
La distribución de responsabilidades se analiza bajo los siguientes principios jurídicos:
Delegación de Funciones
Tanto el Presidente de la Nación como el Ministro de Economía tienen la facultad constitucional y legal de delegar la administración técnica y operativa de los organismos y empresas estatales en funcionarios específicos (en este caso, el Interventor Pablo Gordillo). Al delegar la firma y la ejecución diaria, la responsabilidad directa sobre la seguridad operativa se transfiere al funcionario designado.
Pero hay corresponsabilidad si se dan algunas condiciones, que en YCRT, actualmente, está ocurriendo.
Para que el Presidente o un Ministro (además del interventor) sean penalmente corresponsables de un siniestro fatal dentro de la mina, la justicia penal debería probar un nexo de causalidad directo e inequívoco entre una orden expresa dictada por ellos y el desenlace fatal. Por ejemplo:
Si existieron alertas formales emitidas por comités de seguridad o auditorías donde se advertía explícitamente un peligro inminente de derrumbe o explosión, y las máximas autoridades nacionales dieron la orden de seguir operando omitiendo deliberadamente la alerta.
Si se bloquearon o recortaron de manera discrecional los presupuestos mínimos indispensables de emergencia y seguridad previamente aprobados, sabiendo que dicha quita costaría vidas de forma directa.
Conclusión
Ante lo descrito, podemos decir que si en YCRT pasa una catástrofe, que nadie desea ni busca (seguramente) los negligentes serán: Pablo Gordillo como ejecutante directo de las órdenes y la administración; el Presidente Mieli y el ministro Caputopor no haber provisto los recursos necesarios para que funcionara eficientemente el yacimiento y haber liberado la producción del mismo, en las actuales situación.
Todo está escrito, todo está dicho. Solo hace falta alguien que lo lea y aplique los recursos con la suficiente anticipación para que no pase lo que todos pensamos que puede pasar. Si una desgracia por incompetencia y desidia, vuelve a enlutar a la empresa y a toda la cuenca con el silencio alarmante y la complicidad de los sindicatos de YCRT y la prensa, no será una sorpresa, habría sido como la novela de García Márquez “Crónica de una muerte anunciada”, donde todos sabían lo que iba a pasar, pero nadie hizo absolutamente nada para impedirlo. (Agencia OPI Santa Cruz)
