(Por: Rubén Lasagno) – Los representantes de la oposición peronista en el Consejo de la Magistratura de la Nación presentaron un informe sobre las condiciones de detención domiciliaria de Cristina Fernández y sostuvieron que las medidas aplicadas a la ex presidente difieren de las utilizadas en otros casos de condenados por delitos federales y apuntaron, especialmente, al uso de la tobillera electrónica, a las restricciones de visitas y por supuesto (según ellos) a la “ilegal detención” de la jefa de la banda a la cual piden “libre”.
Si alguna duda cabía de que el kirchnerismo es un conjunto de personas que romantizan el delito, lo justifican y lo ejercen sin pruritos, con la actitud corporativa/partidaria que han tomado sobre la detención de Cristina Fernández, el lowfare, la “persecución política” y toda una sarta de estupideces y falacias que repiten hasta el cansancio, queda absolutamente confirmado que el ADN K está asociado al delito y la corrupción como un hecho fundacional de su existencia política.
Como votantes y a pesar de que nos hemos acostumbrado a bajar mucho la vara, especialmente luego de ver al actual gobierno de Javier Milei que llegó con el lápiz rojo y se le transformó en negro a poco andar, la mayoría de la sociedad sabe lo que no quiere repetir en la casa Rosada.
Los concejeros del Consejo de la Magistratura del Frente para la Victoria (mimetizados tras el apodo “Unión por la Patria”) Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti protestaron “por las condiciones de detención de Cristina Fernández” (¿?), cuestionaron la tobillera electrónica y el régimen de visitas, entre otras cuestiones ilusorias que se les ocurre a esta patota encubridora de los mega delitos que su patrona política y antes, el padre del borrego, Néstor Kirchner, quienes elucubraron, planificaron, organizaron y ejecutaron un plan sistemático de saqueo público al país.
Es no tener una pizca de vergüenza sostener argumentos tan descarados, insolventes, de baja intensidad moral, cero éticas como funcionarios públicos y haciendo gala de una impunidad política solo vista en los países donde los regímenes totalitarios, endogámicos y cerrados de corrupción sistematizada, unen sus filas para blindar a sus jefes para impedir que sean ejecutados o penalizados por sus delitos.
A los mencionados integrantes del Consejo de la Magistratura que mencionamos, podríamos agregarle muchísimos nombres más como Berni, Moreno, Fernández, Pérsico, Navarro, D¨Elia, Kiscilof, Espinoza, Magario y otros que piensan exactamente igual y han tratado de establecer la consigna “Cristina Libre”, un objetivo de máxima que les asegura la pérdida del voto popular nacional, por arriba del 22 o 25% que sostiene el núcleo duro de esta confradía de corruptos, cómplices y encubridores.
Deberían agradecer que esta mujer, una de las mayores delincuentes financiera de la Argentina, que organizó el robo sistemático de los bienes y fondos del Estado y se embolsó (literalmente) un PBI, goza de privilegios que, en otra parte del mundo, no gozaría.
La justicia argentina, no es solo lenta y cómplice, sino encubridora y procaz, se deja cohibir o es permeable a aprietes y amenazas, porque son muy pocos los jueces y fiscales con la suficiente hombría como para caerle con la ley a los poderosos. Y el caso de la jefa de la banda, es el más paradigmático.
Esta mujer debería estar realmente presa como cualquier hijo de vecino en una cárcel de 2X3 en Ezeiza, con todas las restricciones que le cabe a un delincuente común y no gozar de las comodidades de su palacio con balcón, aduladores que se juntan debajo de su ventana, visitas permanentes y una computadora desde donde reparte consejos políticos y maneja a los termófilos que la siguen ciegamente sin importarles qué hizo, cómo lo hizo y cuánto se robó.
Lo que no saben (o hacen que lo ignoran) es que por más horrible que sea el gobierno de Milei, la sociedad no extraña al kirchnerismo después de tantos desastres políticos y económicos como los que marcó cada uno de sus gobiernos y los rotundos fracasos en los que incurrió el FPV en 20 años. Por lo tanto, la sociedad no está decidida a apoyar al kirchnerismo y muchos menos sabiendo que cualquiera de ellos que llegue a la presidencia, va a indultar a la máxima delincuente que asoló con sus delitos económicos y financieros a un país al que le robó el futuro. (Agencia OPI Santa Cruz)
