El proyecto de ley que propone la creación del Código Electoral de la Provincia de Santa Cruz fue presentado en la sesión del jueves pasado de la Honorable Cámara de Diputados y enviado a comisiones para su tratamiento. La iniciativa pertenece al bloque Unión por la Patria y lleva la firma de los diputados Eloy Echazú y José Bodlovic.
La propuesta plantea regular el régimen electoral integral de la provincia para las elecciones provinciales, municipales y de comisiones de fomento. Entre sus principios rectores establece que el sufragio debe ser universal, igual, secreto, libre, personal, obligatorio e indelegable, además de incorporar criterios de transparencia, publicidad, igualdad entre fuerzas políticas, neutralidad del Estado y trazabilidad de los actos electorales.
Uno de los puntos centrales del proyecto es el rol del Tribunal Electoral Permanente, al que se define como la autoridad máxima en materia electoral en Santa Cruz. El organismo tendría competencia para organizar, dirigir, fiscalizar y juzgar todos los actos del proceso electoral provincial, municipal y de comisiones de fomento, además de dictar las normas reglamentarias necesarias para su ejecución.
La iniciativa también establece reglas para las agrupaciones políticas habilitadas a participar en los procesos electorales, incluyendo partidos de distrito, partidos provinciales o municipales, federaciones y alianzas. En ese marco, incorpora la obligación de garantizar el funcionamiento democrático interno y la participación efectiva de los afiliados en la selección de candidaturas.
Otro de los aspectos destacados es la prohibición expresa de cualquier sistema de sumatoria de votos por lemas o sublemas en todo el territorio provincial. El texto también regula las adhesiones de boletas entre agrupaciones provinciales y municipales, fijando límites y requisitos para evitar múltiples combinaciones electorales.
El proyecto incorpora además las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como instancia obligatoria para la selección de candidaturas a cargos públicos electivos provinciales, municipales y de comisiones de fomento. Según el articulado, todas las agrupaciones deberán participar de elecciones primarias, aun cuando presenten una sola lista.
La propuesta establece la simultaneidad obligatoria de las elecciones provinciales, municipales y de comisiones de fomento, prohibiendo el desdoblamiento de comicios municipales respecto de los provinciales. También contempla la posibilidad de realizar elecciones provinciales de manera concurrente con los comicios nacionales.
Otro eje de la iniciativa es la implementación de la Boleta Única de Sufragio para todos los procesos electorales contemplados en la ley. El texto define su contenido, diseño, impresión, distribución y forma de emisión del voto, incluyendo la posibilidad de votar lista completa o seleccionar candidaturas por categoría.
El proyecto también incorpora reglas sobre paridad de género, prohibición de doble postulación, criterios de adjudicación de cargos, clasificación de votos, campaña electoral, veda, responsabilidad en entornos digitales y debate público obligatorio entre candidatos a gobernador e intendentes.
En materia de campaña electoral, la iniciativa prohíbe el uso de bienes, fondos, servicios, infraestructura o recursos humanos del Estado con fines proselitistas. Además, contempla restricciones sobre la difusión de contenidos falsos o engañosos mediante herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial, y exige que toda propaganda generada con IA sea identificada con una leyenda visible.
El texto crea también un régimen sancionatorio electoral, con un Registro Provincial de Infractores Electorales y una Unidad de Multa Electoral. Las sanciones alcanzan a electores que no justifiquen su inasistencia, agrupaciones que violen normas de campaña o veda, autoridades de mesa que incumplan funciones e infracciones graves vinculadas a fraude o adulteración de documentación electoral.
En los fundamentos, los autores sostienen que la provincia necesita saldar una deuda institucional vinculada a la falta de un marco legal integral para regular los procesos electorales. Además, señalan que el proyecto busca construir un sistema moderno, democrático, amplio y equitativo, con previsibilidad para los próximos comicios provinciales.
TiempoSur
