Durante 2026, la quema progresiva de áreas boscosas en la península ibérica anticipa un impacto financiero devastador. Especialistas del sector advierten sobre la urgencia de reasignar presupuestos estatales hacia las tareas de conservación territorial.
El Gobierno español desembolsará entre 1.723 y 3.275 millones de euros para sufragar la erradicación del fuego durante 2026. Conforme a los registros aportados por Miguel Ángel Duralde, actual presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) en España, esta proyección monetaria responde al operativo desplegado tras la destrucción de 172.396 hectáreas forestales.
El último avance informativo del Ministerio para la Transición Ecológica ratifica el volumen de la superficie quemada desde comienzos de año. Esta área representa prácticamente la mitad de las 354.793 hectáreas calcinadas a lo largo de 2025; un desastre nacional que originó 8.189 incidentes documentados por el Ministerio del Interior.
De acuerdo con el informe “Grandes incendios forestales” elaborado por la organización Greenpeace, el Estado destinó entre 3.548 y 6.741 millones de euros para contener las llamas el año pasado. El cálculo oficial fluctúa al contrastar los baremos autonómicos y privados sobre el costo individual por unidad territorial arrasada.
Las estimaciones de gastos operativos por cada hectárea afectada exponen fuertes contrastes institucionales:
- La Agencia Forestal de Navarra tasa el impacto material en 10.000 euros.
- Los reportes técnicos de Asemfo sitúan el valor final en 19.000 euros.
Ninguna de estas proyecciones contempla la posterior restauración ecosistémica de las zonas afectadas; el portal Euronews precisó que las sumas abordan exclusivamente el ataque directo a los focos. En paralelo, los fondos destinados a las labores de prevención reflejan un atraso sistemático según los registros del propio Estado.
“Posiblemente estaremos en unas cifras muy parecidas a las que veníamos teniendo en años anteriores, de unos 1.200-1.300 millones de euros en su conjunto, donde unos 400 millones se irán en extinción”, argumentó Duralde ante la cadena Ser. El dirigente sectorial detalló que los 800 millones de euros restantes financian el cuidado profiláctico de las tierras.
A su vez, el especialista impugnó el actual modelo de gestión pública orientado estrictamente a la emergencia estival. “Las pérdidas son tremendas”, advirtió Duralde; el directivo subrayó seguidamente que los siniestros “se apagan en el invierno” mediante trabajos preventivos.
La reasignación presupuestaria hacia estrategias previas evitaría daños masivos sobre el erario público y el territorio. La proyección técnica de las empresas especializadas dictamina un ahorro de cien euros en operativos de emergencia por cada un euro invertido inicialmente para frenar la proliferación del fuego. (Agencia OPI Santa Cruz)
