Caso ANDIS: Concluye el peritaje del celular de Diego Spagnuolo y avanza la investigación
Los fiscales federales solicitaron ampliar la indagatoria al exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad por sobornos y contrataciones irregulares de medicamentos, tras comprobar viajes costeados por intermediarios y maniobras comerciales extendidas hasta 2025.
Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron formalmente ampliar las declaraciones indagatorias del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Orlando Spagnuolo, y de otros imputados en la causa penal que investiga sobreprecios y direccionamiento en la adquisición de medicamentos de alto costo. El requerimiento del Ministerio Público Fiscal incluyó al exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, al lobbista Pablo Atchabahian, al empresario Miguel Ángel Calvete y al presidente de la firma Génesis S.A., Andrés Horacio Arnaudo.
La investigación judicial atribuyó nuevos pagos de sobornos hacia la máxima autoridad del organismo por parte del empresario Calvete, maniobras que se suman a sumas de dinero en efectivo detectadas en etapas preliminares del expediente. El dictamen fiscal acreditó la cobertura integral de un traslado de Spagnuolo hacia Israel concretado entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, periplo que abarcó pasajes aéreos, alojamiento y servicios de asistencia al viajero. De acuerdo con las constancias de la causa, una empleada de Calvete intervino en la selección de las ubicaciones del vuelo comercial bajo la directiva explícita de “pagar favores políticos”.
Diego Orlando Spagnuolo afronta imputaciones por compras en ANDIS
El dictamen contra Diego Orlando Spagnuolo incorporó peritajes sobre registros documentales, mensajes de texto y archivos de audio que sustentan la hipótesis de un esquema montado para orientar las licitaciones públicas de la Agencia Nacional de Discapacidad. En la misma presentación, los fiscales Picardi y Rodríguez requirieron convocar a prestar declaración indagatoria a los directivos de la empresa Suizo Argentina, a quienes sitúan dentro de una red de intermediación que operó sobre las compras oficiales del organismo estatal en el período comprendido entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
La representación de la compañía Suizo Argentina rechazó la acusación formulada por los funcionarios judiciales, descartó la existencia de precios inflados en los suministros y cuestionó la validez del material probatorio incorporado al trámite penal. La defensa corporativa sostuvo que las transcripciones telefónicas y comunicaciones analizadas por el Ministerio Público Fiscal responden a una “construcción falaz”, mientras las actuaciones continúan pendientes de resolución ante la sede judicial interviniente. (Agencia OPI Santa Cruz)
