(Por: Rubén Lasagno) – La investigación que voy a presentar basada en datos extraídos de la documentación oficial de la provincia, más precisamente del IDUV (Instituto de la Vivienda de Santa Cruz) y declaraciones obtenidas directamente de fuentes del Instituto, demuestra que la licitación pública del año 2024 fue simplemente, una pantalla, un fraude.
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Este análisis documentado de la manera que el Estado provincial maneja los fondos públicos, demuestra que el “desequilibrio” sostenido argumentalmente en el documento respectivo, no fue un error de cálculo del terreno, fue una renegociación encubierta de los precios unitarios que destruyó las condiciones bajo las cuales la empresa CHIMEN AIKE S.A. ganó originalmente la licitación frente a sus competidores para la construcción del “Edificio Escuela Preuniversitaria Sede Las Heras”, de la localidad homónima.
Apenas superando el 11% de ejecución de la obra, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) aprobó modificaciones sustanciales al contrato con la empresa constructora CHIMEN AIKE S.A para la obra de la escuela de Las Heras. La maniobra técnica expone lo que especialistas denominan un “desequilibrio contractual planificado“: la eliminación sistemática de componentes críticos ofertados a precios irrisorios para reemplazarlos por adicionales y servicios inflados, disparando el costo en más de $535 millones a expensas del Estado.
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La anatomía de la renegociación
El caso documentado en la Resolución IDUV N° 413 del año 2026 a la que tuvimos acceso, ilustra con precisión matemática y formal una de las modalidades más sofisticadas de presunto fraude en la obra pública.
Esto y como lo he dicho en varios análisis previos, nos da la razón en cuanto a que lacorrupción en la obra pública en Santa Cruz, no desapareció con la salida de Lázaro Báez del juego, solo que el negocio cambió de mano.
La obra, identificada como “EDIFICIO ESCUELA PREUNIVERSITARIA SEDE LAS HERAS” (Licitación Pública N° 03/IDUV/2025), fue originalmente adjudicada a la empresa CHIMEN AIKE S.A. por un valor de $ 3.098.476.870,63, sin embargo, los documentos oficiales certifican que, en marzo de 2026 y con apenas un avance del 11,45% de la obra, el contrato sufrió una mutación radical.
A través de un convenio, las autoridades provinciales aprobaron el “Primer Adicional Definitivo de Obra“, elevando el costo final a $ 3.797.939.077,38 representando un incremento directo de $ 535.383.098,32.
El desguace del proyecto original y las “Economías”
El mecanismo utilizado consistió en desarmar el pliego ejecutivo bajo el concepto de “economías” (ítems que no se van a realizar).
El convenio firmado entre los funcionarios (Cristian Sánchez y María Florencia Prada Gojan) y el representante de la empresa (Gustavo Pas) demuestra que se eliminó el corazón estructural del proyecto original para multiplicarlo por ítems nuevos o inflados.
La resolución quita del contrato original un monto colosal de $ 1.213.599.546,30, lo que equivale a recortar el 37,19% de la obra básica.
Las planillas detallan la eliminación de componentes primordiales de la infraestructura, los cuales habían sido ofertados a precios bajos por la constructora para garantizar su victoria en la licitación.
Al revisar el listado de lo que “decidieron no hacer” (Páginas 4 y 5 del documento), descubrimos que eliminaron componentes esenciales de seguridad y estructura; ellos son:
Estructura Resistente: Columnas, vigas, losas de hormigón (H-21 y H-38) y las escaleras principales, Instalaciones Críticas: eliminaron por completo la instalación contra incendios (gabinetes, mangueras, tanque cisterna y el equipo completo) y Termomecánica: Calderas, Fan Coils y radiadores.
La explosión del gasto. demasías y adicionales
Para compensar el recorte y disparar la rentabilidad, el IDUV aprobó a continuación un esquema de “Demasías” (aumento de cantidades) y “Adicionales” (tareas no previstas), donde radica el mayor perjuicio financiero.
Fraude estructural en el IDUV. Cómo encarecer una obra $535 millones antes de poner los cimientos. El “desequilibrio planificado” del Instituto para beneficiar a Chimen Aike
Al revisar con precisión contable los ítems de “Andamios, protecciones y obras de defensa” (Ítem 1.5) y “Seguridad y vigilancia” (Ítem 1.6) se observa que estos representan el mayor desvío o robo de la obra; a nivel técnico-financiero, estos dos ítems constituyen una de las irregularidades más groseras y vergonzosas de la resolución por las razones que vamos a sintetizar.
La “Primer Demasía de obra” inyectó $ 480.289.813,37 adicionales a favor de CHIMEN AIKE S.A, del amigo del gobernador, Rubén Aranda. Al analizar los ítems, saltan a la vista erogaciones controversiales para una obra que recién superaba el décimo de su avance.
Es así que encontramos que bajo el ítem “Seguridad y vigilancia“, se aprobó un costo directo de $ 18.686.091,32. Al aplicar el coeficiente de pase, el Estado terminó comprometiendo $ 29.192.813,32.
En otro pasaje de este fraude institucionalizado por “Andamios, protecciones y obras de defensa“, se facturaron $ 10.947.408,42 finales.
En el rubro “Movimiento de suelos: Relleno, compactación y nivelación” hubo un aumento exponencial de $ 137.757.698,63. Este es un ítem históricamente calificado por los auditores como un “punto ciego“, dado que su verificación a posteriori resulta prácticamente imposible al quedar enterrado.
Pero aquí hay un dato más llamativos porque al momento de esta especie de “redeterminación” que hicieron los autores de este fraude, la escuela estaba totalmente ejecutada hasta el primer piso, por lo tanto se infiere que el “Movimiento de suelo” estuvo hecho con anterioridad al inicio de la obra y sin embargo posteriormente pidieron cobrar 130 millones de pesos más.
La contradicción técnica y los refuerzos de $1.268 Millones
La presunta intencionalidad de la maniobra del fraude queda en evidencia al cruzar los argumentos técnicos plasmados en el expediente, lo cual hicimos por indicación de las fuentes del Instituto que nos señalaron el camino para revelar el fraude. En la ingeniería civil y la auditoría de obra pública, catalogar esto como una “demasía” al llegar apenas al 11% de avance es técnicamente indefendible
En la cláusula Primera del convenio, los funcionarios justificaron las eliminaciones alegando “la necesidad de no ejecutar tareas que en la práctica aumentan las cargas estáticas“.
Paradójicamente, en el “Primer Adicional parcial de obra“, que sumó un brutal costo de $ 1.268.692.831,25, se reincorporaron las mismas estructuras que habían suprimido para aligerar la construcción.
Se cobraron nuevas vigas y columnas de hormigón H-21 bajo la excusa de un “refuerzo adicional por cuantía”; se facturaron $ 368.233.678,23 por nuevas losas de ladrillón y viguetas y justificaron el pago de $ 131.539.385,18 para colocar un nuevo piso de porcelanato con el objetivo de “alivianar carga“.
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En todo el proceso hay gastos fijos duplicados. La seguridad, la vigilancia y los andamios son componentes que forman parte de los Gastos Generales o de los ítems preliminares obligatorios de cualquier oferta seria. Aprobar un adicional de casi 30 millones de pesos en “seguridad” en una obra paralizada o con mínimo avance (11%) implica que el Estado le está pagando el sueldo a los serenos de la empresa constructora con un sobreprecio monumental.
Los firmantes
Cabe recordar aquí que la ejecución de este rediseño total del contrato y su impacto presupuestario no dependió de un inspector de base del Instituto de la Vivienda de Santa Cruz. El convenio fue firmado y validado por el Jefe de Inspectores, Cristian Sánchez, la Directora Provincial Técnica, María Florencia Prada Gojan, y el representante técnico de la empresa, Gustavo Pas.
Finalmente, la Resolución 413, que dio fuerza legal al desvío de fondos y/opresunto fraude en el IDUV, contó con las firmas del “Honorable Directorio del IDUV”, refrendado por los vocales Cynthia Elena Banciella Dickie y Pablo Álvarez.
¿Qué representa nuestra investigación?
Sin duda el análisis de este virtual fraude del Estado contra el Estado que describimos aquí, es una radiografía del fraude desembozado en la obra pública santacruceña, la cual sigue intacta y bajo las mismas condiciones de latrocinio de cuando estaba Pablo Grasso frente al IDUV en los gobiernos de Alicia Kirchner.
El viejo truco del 11% adherido al presupuesto inicial es la forma más elemental de cómo reescribir un contrato a puertas cerradas y vaciar el presupuesto, poniendo en carne viva el mecanismo corrupto que el negocio está en lo que no se construye, como en este caso de la escuela de Las Heras.
Sin duda la responsabilidad recae contra los funcionarios del IDUV que avalaron el desguace y sobreprecios de la licitación 03/2025, por cuanto las firmas sobre andamios, vigilancia fantasmas, movimiento de suelos, etc es una prueba concreta del desfalco al Estado en la construcción de la escuela Preuniversitaria de Las Heras donde se entiende el mecanismo que va desde la oferta barata al adicional millonario en un evidente pacto entre el IDUV y la empresa CHIMEN AIKE SRL, elegida y amiga del gobierno (y los gobiernos anteriores) al igual que PROALSA SRL y otras más encargadas (siempre) de la obra pública provincial.
Si tuviera que reducir en pocas palabras esta acción descarada de la corrupción en la obra pública provincial lo podría sintetizar a este mecanismo del UDUV para inflar contratos como un “robo planificado” basado en el fraude de diseño. Ha sido lo que siempre denominamos como “una licitación a medida” basado en un “desequilibrio planificado” del IDUV para beneficiar a Chimen Aike en esta obra donde la renegociación encubierta que llevaron a cabo, le costó al Estado provincial y a todos los santacruceños más de 500 millones en “imprevistos”.
¿Y quién se hace cargo?
Sin embargo desde los discursos del Gobernador Claudio Vidal seguimos escuchando la diferencia (supuesta) que hay entre ellos y los anteriores (el kirchnerismo, al cual él mismo pertenece). Y algo más grave aún es que a pesar del evidente delito que se ha cometido aquí, no hay ningún diputado, intendente, fiscales, organismos de control o ex funcionarios (propios y de la oposición) que tienen y conocen la trazabilidad exacta de estos actos de desvíos de fondos, corrupción y fraude al Estado, quienes tienen acceso a esta documentación y muchas pruebas más, que esté interesado en denunciar penalmente a los responsables.
Hay una frase popular que dice “No se queje si no se queja”, es decir, no protestemos por las mismas cosas que nos pasan una y otra vez, si no hacemos nada para cambiarlo. Desde nuestro espacio lo que humildemente podemos hacer es exponerlos con la fuerza de las pruebas y mostrando la realidad de lo que está ocurriendo (y nunca dejó de suceder) en Santa Cruz alrededor del asalto a los fondos públicos a través de la obra pública. De aquí en más la palabra la tienen quienes deben accionar para que este paradigma cambie realmente y no siga siendo gatopardismo puro. (Agencia OPI Santa Cruz)
