La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó los requisitos fiscales y técnicos para el ciclo comercial 2026/2027. Las firmas interesadas disponen de un plazo perentorio de 15 días para transparentar balances de comercio exterior y origen de la hacienda.
A partir de las 00:00 del miércoles 27 de mayo, las plantas frigoríficas y las asociaciones de criadores de todo el país deberán iniciar la validación de antecedentes comerciales para acceder al millonario negocio de exportación de carne vacuna premium a Europa. El Gobierno nacional activó este proceso mediante la Resolución 66/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida establece un filtro técnico estricto que obliga a las empresas de la Patagonia y el resto de las regiones a rendir cuentas sobre sus operaciones previas.
La normativa delimita los volúmenes físicos habilitados para este intercambio de alta calidad enfriado y deshuesado, el cual se renueva el 1 de julio de cada año. El tonelaje autorizado se divide de la siguiente manera:
- Unión Europea: Concentra un cupo anual de 29.389 toneladas.
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Mantiene una asignación marginal de 111 toneladas.
El plazo para completar la documentación a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) vencerá tras 15 días corridos desde su apertura. Las compañías ganaderas deben unificar sus solicitudes bajo el formulario específico de licencia de exportación para el ciclo 2026/2027, quedando expuestas a la descalificación directa si omiten los plazos administrativos fijados por la autoridad de aplicación.
El encuadre técnico de este beneficio arancelario, nacido en la década de 1970 bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), exige parámetros productivos severos que colisionan con la media del rodeo general argentino. Los cortes exportables deben provenir exclusivamente de animales criados en pastizales naturales, acreditar la ausencia total de hormonas o antibióticos, y certificar un proceso de maduración mínimo de 20 días en cámaras frigoríficas.
Para el segmento industrial, el control oficial centrará la auditoría en la consistencia financiera de los balances de las firmas. Las plantas procesadoras tienen la obligación de presentar las siguientes condiciones comerciales:
- Acreditación formal de inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) o el registro provincial correspondiente.
- Presentación de un programa de faena y previsión de exportación mensualizado hacia los destinos solicitados.
- Habilitación vigente ante el SENASA y matrícula activa dentro del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), datos que el Gobierno verificará de oficio.
- Rendición detallada de los antecedentes de exportación correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 en soporte digital.
Este último requerimiento obliga a las empresas a abrir sus bases de datos operativas. Deberán desglosar cada permiso de embarque, detallando las toneladas físicas despachadas y el valor FOB consolidado en las transacciones de los tres períodos anteriores. La fiscalización busca depurar el padrón de operadores y priorizar la asignación de cuota a las firmas con capacidad de caja y logística real demostrada.
En el caso de los proyectos conjuntos y las asociaciones de criadores, el foco estatal se desplaza hacia la trazabilidad en origen para evitar la triangulación de ganado. Estas organizaciones deben exhibir cartas autenticadas con el número de Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) de cada establecimiento aportante, junto con el volumen de hacienda comprometido. El stock de cabezas declaradas debe responder estrictamente a los coeficientes de conversión oficiales para cubrir las toneladas de carne solicitadas.
Aquellos operadores que pretendan capturar una porción de las 111 toneladas asignadas al mercado británico afrontan una doble carga administrativa. La resolución exige la presentación de una nota con carácter de declaración jurada que explicite dicha intención, acompañada por el historial de ventas específico hacia ese territorio entre 2023 y 2025. Para los nuevos proyectos, la normativa impone la presentación de las cartas de intención de compra suscritas por sus potenciales clientes en el exterior. (Agencia OPI Santa Cruz)
