El diputado Nicolás Trotta ingresó un proyecto de declaración en el Congreso ante los agravios presidenciales dirigidos a tres comunicadores y exigió reactivar la Comisión de Libertad de Expresión.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, presentó el 25 de agosto de 2026 un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la Nación para formalizar el repudio del cuerpo legislativo ante las descalificaciones y ataques sistemáticos vertidos por el presidente Javier Milei contra trabajadores de prensa.
El legislador opositor, en su rol de vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, fundamentó el requerimiento parlamentario en la reiteración de conductas que vulneran la responsabilidad inherente a la primera magistratura del Estado. El texto del expediente individualiza los recientes agravios dirigidos por el mandatario contra los periodistas Marcelo Bonelli, Manuel Jove y Paula García.
La presentación formal advierte sobre la asimetría manifiesta entre el ejercicio de la labor informativa y la utilización de los recursos estatales para direccionar campañas de hostigamiento digital o institucional. Trotta remarcó que las expresiones presidenciales desbordan el marco de las opiniones personales al instrumentalizarse desde la cima del Poder Ejecutivo Nacional.
El reclamo por la reactivación de la comisión legislativa en Diputados
El documento presentado cuestiona la inactividad de las áreas legislativas encargadas de velar por el libre ejercicio del periodismo. Trotta exigió la convocatoria inmediata de la Comisión de Libertad de Expresión para evaluar los alcances de las agresiones oficiales y sentar un precedente institucional frente a la degradación del debate cívico.
El exministro de Educación sostuvo que las reiteradas acusaciones del jefe de Estado configuran una táctica de estigmatización dirigida a silenciar posturas críticas. El expediente legislativo subraya que la concentración del aparato de comunicación oficial no puede derivar en mecanismos de coerción o amedrentamiento hacia los profesionales de los medios de difusión.
El proyecto de declaración reclama el cese de los señalamientos desde el Poder Ejecutivo y ratifica el rol de la prensa como órgano de fiscalización de los actos de gobierno. La propuesta parlamentaria ingresó por mesa de entradas de la Cámara Baja y aguarda su formalización en el orden del día del plenario de comisiones. (Agencia OPI Santa Cruz)
