El replanteo del polo de e-combustibles de 876.000 toneladas anuales procura desactivar las denuncias penales radicadas en Entre Ríos y esquivar una nueva controversia binacional en la cuenca compartida ante estrados internacionales.
Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, comunicó formalmente a Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, que el gobierno uruguayo resolvió relocalizar la futura planta industrial de la compañía privada HIF Global, proyectada originalmente en las proximidades del municipio de Paysandú.
La notificación oficial aconteció en la sede diplomática del Palacio Santos, ubicada en la ciudad de Montevideo, en el marco inmediato posterior a la rúbrica de un convenio bilateral relativo a servicios aerocomerciales. Durante la audiencia entre los ministros, la representación uruguaya confirmó que la determinación operativa respondió a órdenes explícitas impartidas por Yamandú Orsi, presidente de la República Oriental del Uruguay, tras recepcionar presentaciones formales tramitadas por representaciones gubernamentales argentinas de orden nacional, provincial y municipal.
El reclamo originado en la provincia de Entre Ríos objetó el emplazamiento original frente a la costa de Colón debido al impacto paisajístico y la contaminación visual que ocasionaría la infraestructura sobre esa ribera turística. Las autoridades argentinas solicitaron modificar el emplazamiento para desactivar la inquietud vecinal sobre el río Uruguay, cauce fluvial sometido al régimen jurídico binacional establecido en el tratado de 1975.
Las asambleas comunitarias y sectores cívicos de Colón canalizaron su rechazo a través de manifestaciones públicas y la radicación de una denuncia penal en la justicia federal argentina. La presentación judicial alertó sobre la ausencia de consultas vinculantes transfronterizas y el daño ambiental potencial derivado de la proximidad de las chimeneas y los módulos industriales con el tejido urbano ribereño, situación que activó gestiones de cancillería para impedir un conflicto de mayor escala.
La intervención de Yamandú Orsi frente a los reclamos de Entre Ríos
El escenario bilateral remite al litigio desatado dos décadas atrás a raíz de la instalación de la fábrica de celulosa de la empresa Botnia en Fray Bentos. Aquella disputa derivó en el bloqueo de pasos fronterizos y en una demanda formal ante la Corte Internacional de Justicia, tribunal de La Haya que mediante sentencia dictada el 20 de abril de 2010 resolvió que el Estado uruguayo no violó las obligaciones sustanciales de preservación ecológica fijadas para el río Uruguay.
Para evitar la judicialización internacional de este nuevo proyecto, el Poder Ejecutivo uruguayo dispuso evaluar predios fiscales administrados por la petrolera estatal ANCAP, situados a 390 kilómetros al noroeste de Montevideo, dentro del departamento de Paysandú. Lubetkin ratificó ante Quirno que la administración uruguaya gestiona la búsqueda de un punto geográfico idóneo que permita la viabilidad del polo energético sin vulnerar los intereses visuales ni ambientales de las comunidades adyacentes.
La diplomacia uruguaya remarcó que la resolución adoptada traduce una directiva orientada a resolver las discrepancias limítrofes mediante la negociación bilateral directa. El canciller Lubetkin afirmó que ante la emergencia de dificultades operativas entre ambas márgenes, los canales institucionales priorizan la concreción de acuerdos técnicos coordinados que resguarden la convivencia entre las dos naciones sin paralizar la captación de inversiones productivas.
El alcance técnico y presupuestario del proyecto de HIF Global
El emprendimiento a cargo de la firma internacional comprende un desembolso financiero proyectado en 5.385 millones de dólares para la manufactura de e-combustibles sustentables. La planta fue dimensionada para producir un volumen anual de hasta 876.000 toneladas métricas de e-metanol a partir del procesamiento químico de hidrógeno verde combinado con dióxido de carbono reciclado de fuentes industriales.
La reubicación territorial dentro de los predios de la petrolera estatal obligará a la compañía inversora a reformular sus diagramas de ingeniería y actualizar los estudios de impacto ambiental ante los entes reguladores de Montevideo. Las dependencias técnicas de ambos países acordaron mantener abiertos los canales de consulta técnica para verificar las nuevas coordenadas geográficas de la obra antes del inicio formal de los movimientos de suelo en territorio uruguayo. (Agencia OPI Santa Cruz)
