El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió el ocultamiento de 500.000 dólares en sus declaraciones juradas previas y afirmó que incurrió en la práctica de ahorrar dinero de manera ilegal junto a su esposa, Bettina Angeletti. El funcionario entregó las rectificaciones correspondientes a los períodos 2023 y 2024 ante las autoridades regulatorias. El titular de ministros modificó sus informes patrimoniales para evitar el avance de la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito.
Manuel Adorni vinculó el origen de los fondos no declarados a una inversión de 200.000 dólares en criptomonedas realizada en el año 2013. El funcionario detalló ganancias por 300.000 dólares derivadas de esa operación financiera y señaló que inició el proceso de liquidación de los activos digitales en el año 2018. Los movimientos de fondos quedaron bajo investigación de la Justicia luego de detectarse viajes oficiales de Bettina Angeletti a Estados Unidos financiados presuntamente con partidas del presupuesto público.
La auditoría sobre los bienes del vocero presidencial expone contradicciones respecto a la última presentación oficial fechada en marzo de 2025. En ese formulario técnico, Manuel Adorni reportó únicamente dos departamentos valuados en 777.000 pesos y 3.652.682 pesos, además de 42.500 dólares en efectivo. El registro patrimonial del exsecretario de Comunicación omitió el medio millón de dólares en divisas extranjeras que ahora incluyó forzadamente en la rectificación presentada este miércoles.
El funcionario nacional justificó la compra de una propiedad en el club de campo Indio Cuá mediante un préstamo hipotecario privado otorgado por un allegado, cuyo plazo de devolución estipuló en un año. Los ingresos anuales declarados por el titular de la Jefatura de Gabinete totalizaron 40,3 millones de pesos antes de su designación ministerial en noviembre de 2025. Las inconsistencias fiscales paralizaron las conferencias de prensa habituales en la Casa Rosada, las cuales permanecen suspendidas hasta la resolución de los expedientes judiciales en curso. (Agencia OPI Santa Cruz)
