(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno emitió el Decreto N° 0660/2026 el cual es una medida de contingencia y autoridad que emite ante el final de las negociaciones con el sector policial.
Frente al fracaso de las paritarias (Consejo del Salario) con las Fuerzas Policiales y de Seguridad, el gobierno provincial decidió no dilatar más la situación y otorgó la recomposición por decreto. Sin embargo aprovecha esta imposición para rediseñar el esquema salarial de la fuerza: elimina una serie de bonos en negro heredados de la gestión anterior, aumenta el sueldo básico, introduce una suma remunerativa nueva y establece un ítem no remunerativo atado estrictamente a que el policía cumpla efectivamente con su servicio (presentismo).
El decreto fue firmado hoy 20 de julio de 2026 por el Vicegobernador Fabián Leguizamón, quien se encuentra “a cargo del despacho del Poder Ejecutivo” y refrendado por el Ministro de Seguridad, Pedro Javier Prodromos. En este acto administrativo mediante el Poder Ejecutivo ratifica una medida previa de uno de sus ministerios (Resolución MS-N° 342/2026) para otorgarle fuerza de decreto e implementarla formalmente.
El punto más crítico y revelador del documento se encuentra en el segundo párrafo de los considerandos donde señala “Que como resultado del proceso de negación con los integrantes del Consejo del Salario y el rechazo de todas las propuestas formuladas por el Poder Ejecutivo Provincial, se dispone dicha recomposición salarial…”
El texto (que parece tener un acto fallido o error de tipeo al decir “proceso de negación” en lugar de “negociación”) deja en evidencia que sigue un conflicto abierto entre el gobierno y los representantes de las fuerzas de seguridad, aunque en los últimos dos días existen algunos sectores de la policía que habrían levantado las medidas parcialmente como Caleta Olivia, aunque en Río Gallegos, El Calafate y Río Turbio, los procesos de protestas siguen vigentes por parte de los autoconvocados.
Al haber fracasado el diálogo en el Consejo del Salario y tras el rechazo a las ofertas del gobierno, el Poder Ejecutivo decidió imponer el aumento por decreto de manera unilateral, como ya lo habíamos informado.
Este último Decreto no solo confirma el aumento, sino que hace una “limpieza” y reestructuración del recibo de sueldo policial. Por esto allí se toman tres medidas de creación/actualización y una medida de eliminación:
Actualización del “valor punto”, se aumenta el salario básico sobre el cual se calculan otros ítems.
Adicional “Compensador”, crea con carácter remunerativo (aporta a jubilación y aguinaldo) pero no bonificable (no se multiplica por antigüedad u otros porcentajes).
Adicional “Cumplimiento Efectivo del Servicio”, crea con carácter no remunerativo (en negro) y no bonificable. El nombre de este ítem es clave: funciona como un “premio por presentismo”, buscando claramente desalentar el ausentismo laboral o las carpetas médicas injustificadas dentro de la fuerza.
Asimismo el instrumento legal elimina algunos conceptos en el Art. 2 donde barren de un plumazo seis (6) suplementos creados anteriormente (por decretos de 2022 y 2023) y todos estos ítems eliminados (“Por Función Policial Operativa”, “Por Función Penitenciaria de Alto Riesgo”, etc.) eran No Remunerativos y No Bonificables de manera que el gobierno está simplificando la estructura salarial. En lugar de tener múltiples bonos específicos según la función o el riesgo (que muchas veces generan desigualdades o reclamos internos entre diferentes áreas de la policía), busca consolidar esos montos en los dos nuevos adicionales mencionados arriba y en el valor punto.

Un Decreto del gobierno que no logra destrabar el conflicto policial. El Ejecutivo persiste en la idea de obligar la aceptación de un salario que no fue aceptado por las bases
A través de los artículos 3 y4 el decreto otorga facultades operativas al Ministerio de Seguridad para reglamentar cómo se pagará (Art. 3) y, lo más importante, instruye al Ministerio de Economía (Art. 4) a realizar las “readecuaciones presupuestarias correspondientes”. Esto indica que el aumento y la reestructuración no estaban contemplados en el presupuesto original y requerirán mover partidas de dinero público para poder hacer frente a esta nueva erogación.
El conflicto, el clima y los medios
El gobierno de la provincia da por hecho que lo decretado como aumento salarial es “lo último” en materia de negociación, lo cual no solo no fue aceptado formalmente por parte de los policías en conflicto, sino que han rechazado por no representar la voluntad de ambas partes.
Sin embargo desde algunos medios, especialmente de esta capital y de Caleta Olivia, informan que la crisis “se ha normalizado” y que la policía, excepto en algunos lugares de la provincia como la capital, donde aún hay carpas levantadas frente a los edificios públicos, la residencia y la jefatura, todo estaría entrando en un cauce de normalidad hacia el levantamiento total de la protesta.
Pero consultado las bases de los policías autoconvocados, afirman que lejos de estar resuelto el problema, la protesta está muy firme en la mayoría de las ciudades y que en Caleta Olivia solo dos comisarías habrían regularizado el servicio, mientras las otras tres y los bomberos de la ciudad, siguen en conflicto y con medidas de fuerza.
Santa Cruz enfrenta desde hace una semana una ola polar que baja la temperatura a menos 12 grados y aun así, la protesta de policías en las carpas se sigue haciendo, con asistencia permanente de efectivos y retirados que ponen en riesgo su propia integridad física; de hecho hoy debió ser evacuado del lugar un policía activo que se descompensó debido al intenso frío que deben enfrentar, calentándose con maderas y leños en tanques de 200 litros que no alcanzan a mitigar las duras inclemencias del tiempo que con nevadas y heladas continuas, hacen muy difíciles las horas de vigilia en las carpas levantadas hace más de un mes en pleno centro de Río Gallegos y en otras localidades de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)