(Por: Rubén Lasagno) – Lo que ocurre en Santa Cruz con la policía se trata de un conflicto institucional y de seguridad pública sumamente tenso en Santa Cruz y se ha llegado a un estancamiento de las negociaciones y la fuerte presión legal y administrativa sobre las fuerzas de seguridad de la provincia que en vez de descomprimir el panorama, simula una olla a presión.
La funcionaria nacional Mara Mentoro (Secretaría de Trabajo de la Nación) advirtió vía Zoom que el Gobierno nacional denunciará penalmente a los efectivos si no levantan el “quite de colaboración”, ya que las guardias mínimas no garantizan la seguridad pública. De esta manera el gobierno nacional se metió de lleno en el conflicto con la amenaza tácita (y no tanto) de usar las Fuerzas nacionales.
Esta intromisión del gobierno nacional, dentro de la Fuerza se lee como el pedido de auxilio que le hizo el gobernador a Milei, en el marco de esta nueva relación de “colaboración mutua” donde el gobierno nacional erogó 20 mil millones de pesos para que la provincia haga frente a los aguinaldos.
Las dos caras de un mismo problema
La postura del gobierno provinciales que sus once ofertas salariales (que elevan el sueldo ingresante a aprox 2,2 millones de pesos) representan su máximo esfuerzo financiero. Y la evidencia de que el Ejecutivo no tiene más herramientas para sobrellevar el conflicto es que ya presentó denuncias penales por incidentes en la Casa de Gobierno.
Los efectivos rechazaron las ofertas argumentando que “achatan” la pirámide salarial (los rangos altos reciben menor porcentaje de aumento) y la demanda principal es la actualización del “valor punto” y el salario en negro que no suma para los retiros
Por otro lado, el jefe de Policía advirtió que solo el 10% del personal, unos 600 efectivos, está trabajando, lo cual es un reconocimiento expreso de que el conflicto se les ha ido de las manos y constituye hoy por hoy la crisis policial más importante que ha vivido la provincia de Santa Cruz.
Esta huelga tan brutal, derivó en incumplimientos judiciales y un grave motín ocurrido en la Alcaidía de Pico Truncado donde la cárcel operó con personal penitenciario mínimo. Al intentar enviar refuerzos administrativos, los efectivos sufrieron un lamentable accidente de tránsito.
El nudo kafkiano en el que se metió el gobierno
El punto central del conflicto es salarial, pero la resolución es política. En los últimos días el mismo ha derivado en una cuestión multicausal, precisamente por la falta de manejo y control de la situación en el aspecto político.
La Asociación Civil Policial exige elevar el valor punto a 4.400 y como dijimos anteriormente, rechazan categóricamente las sumas “en negro” (no remunerativas) propuestas por el Gobierno, ya que equiparan el sueldo de un agente raso con el de un sargento y los retirados no lo cobran.
Se subraya desde la jefatura el alto riesgo administrativo que impera para los pocos policías que sí están trabajando (por el estrés y desborde) por su parte el Servicio Penitenciario denunció intimaciones constantes de los juzgados por no poder garantizar plenamente el servicio, con lo cual, esta crisis policial, comienza a afectar el funcionamiento integral de la justicia y la seguridad..
En este maco el Secretario de Trabajo provincial acusó a la policía de “politizar” el conflicto y desde los cuadros policiales lo negaron rotundamente, asumiendo que ante la imposibilidad de resolver la crisis, el gobierno busca hacer de esto una cuestión partidaria, lo que de ninguna manera aceptan,
En este sentido losautoconvocados además de negar la acusación política, revelaron que el gobierno ignoró deliberadamente intentos de comunicación por parte del partido de Libertad Avanza (LLA) para mantener la legitimidad gremial de la protesta. Ayer las partes acordaron retomar el Consejo del Salario hoy miércoles 1 de julio a las 17:00 horas, bajo un clima de máxima tensión.
Reducción de la crisis y actores principales en tres pasos
Gobierno Provincial: Mantiene su techo presupuestario inamovible. Busca deslegitimar la protesta acusando “politización” e inicia causas penales por protestas en Casa de Gobierno.
Gobierno Nacional: Interviene exigiendo el fin de la medida. Intima y amenaza con denuncias penales a los huelguistas bajo el argumento de que el servicio mínimo no garantiza la seguridad ciudadana.
Policía / Penitenciarios: Mantienen el paro y el 90% de los efectivos/penitenciarios policiales plegados. Evitan activamente el contacto con actores políticos (como La Libertad Avanza-PJ- FPV) para proteger la naturaleza puramente salarial y gremial de su reclamo.
Ahora resta ver si en la mesa salarial de hoy surgen nuevos acuerdos o si la crisis va hacia la profundización con la amenaza de la intervención nacional que podría endurecer el marco de las negociaciones y batir las aguas que no están nada calmas en Santa Cruz.
Sin duda, más allá de lo salarial, el gobierno de Claudio Vidal no logra articular un proceso de negociación, no por falta de recursos, sino por inhabilidad de sus funcionarios negociadores y/o la impronta del capricho institucionalizado que ha sido la marca registrada de la denominada “Gestión Vidal”.(Agencia OPI Santa Cruz)
