El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó que avanzará en una denuncia penal para que la Justicia investigue presuntas irregularidades en la ejecución, certificación y recepción de las obras realizadas en la Escuela de Biología Marina y Laboratorista (EBIMAL) N° 1 de Caleta Olivia.
La medida se adoptó tras una “revisión técnica y administrativa detectara inconsistencias entre los trabajos certificados y la situación edilicia actual del establecimiento”.
La intención es denunciar a los funcionarios involucrados y cuyas irregularidades administrativas recaen sobre la administración educativa que encabezaba la presidenta María Cecilia Velázquez.
La decisión fue adoptada tras los recientes problemas de infraestructura que obligaron a suspender actividades en la institución y generaron reiterados reclamos de la comunidad educativa por la falta de agua, deficiencias en el sistema de calefacción y otras falencias edilicias.
La denuncia es en base al análisis de un expediente por el cual se tramitó una obra financiada con fondos nacionales que debía ser ejecutada durante 2022 y 2023.
En el Expediente 683.460/2022, se adjudicó la obra de refacciones del EBIMAL a la empresa “José Adrián Ascar” por una serie de tareas, muchas de las cuales habrían sido certificadas y pagadas, pero nunca fueron realizadas.
Según consta en la documentación administrativa, el proyecto contemplaba la construcción de un cerco perimetral, una cisterna, la pintura exterior del edificio, la instalación de iluminación exterior y la construcción de una nueva oficina.
La inversión superó los 22 millones de pesos, equivalente en la actualidad a unos 145 millones de pesos, y la obra fue certificada como finalizada mediante un Acta de Recepción Definitiva firmada en junio de 2023.
Los equipos técnicos del CPE especificaron que las obras “no se encontrarían ejecutadas o no cumplirían con la finalidad para la cual fueron proyectadas”.
El gobierno informó que “las facturas generadas a partir de las certificaciones cuentan con la firma de aval del entonces director provincial de Educación Técnica Profesional, Rodrigo Gojan, pese a que la tarea no había sido cumplimentada”.
Ahora será la Justicia quien deberá investigar “las presuntas irregularidades y determine las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder a quienes intervinieron en la ejecución, certificación y recepción de la obra”.
“La decisión busca garantizar el correcto uso de los recursos públicos destinados a infraestructura escolar y esclarecer si existieron incumplimientos en una obra financiada íntegramente con fondos nacionales”, añadieron. (Agencia OPI Santa Cruz)
