El tribunal federal define las condenas por el presunto pago de sobornos y sobreprecios. La resolución judicial expone la utilización de facturación apócrifa para camuflar retornos de la obra pública.
El Tribunal Oral Federal N° 4 emite el 13 de julio de 2026 la sentencia final contra Julio De Vido, ex ministro de Planificación de la Nación, por el direccionamiento de licitaciones estatales. Los magistrados notifican las condenas definitivas ante las acusaciones probadas de sobornos en el denominado Caso Skanska.
¿Qué penas exige la fiscalía contra los exfuncionarios?
El Ministerio Público Fiscal solicitó condenas de entre 4 y 5 años de prisión para los principales implicados. El requerimiento acusatorio recae también sobre José López, ex secretario de Obras Públicas. La fiscalía requirió, de manera complementaria, la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública y el decomiso de activos proporcionales al perjuicio patrimonial del Estado.
Según las disposiciones del tribunal, las autoridades comunicarán el fallo de forma telemática al mediodía. Julio De Vido participará de la audiencia conectado desde su arresto domiciliario en Zárate. En simultáneo, José López seguirá el dictamen desde las instalaciones del penal de Ezeiza.
¿Cómo funcionó la evasión de fondos y el pago de coimas?
La estructura operó bajo un esquema sistemático de justificación de fondos en efectivo. La constructora Skanska canalizó el dinero mediante facturas emitidas por más de 20 sociedades comerciales apócrifas. El entramado contable simuló la contratación de prestaciones inexistentes para viabilizar la transferencia de los sobornos hacia los funcionarios gubernamentales.
De acuerdo con el expediente, la prueba que dio origen a la causa radica en un registro sonoro interno de la corporación sueca. Durante esa grabación aportada a la Justicia, un directivo de la compañía admitió la entrega de dinero ilícito a cambio de asegurarse la adjudicación de los contratos.
El caso documenta la primera estructura de corrupción administrativa investigada durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner. Las adjudicaciones irregulares se ejecutaron bajo la órbita de los despachos oficiales durante el proceso para expandir la capacidad de dos gasoductos troncales en el año 2004.
El ocultamiento de los desembolsos y la alteración de las licitaciones derivaron en sobrecostos directos para las arcas públicas. Las audiencias determinan la responsabilidad penal definitiva de los empresarios contratistas y de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación. (Agencia OPI Santa Cruz)
