La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ADEPA expresa su preocupación por la Resolución General N° 26/2026 dictada por el Fiscal General de San Juan, Guillermo Baigorrí, mediante la cual se aprueba un protocolo para el manejo de información pública del Ministerio Público provincial.
El secreto de sumario, la protección de datos personales, la intimidad de las víctimas o la preservación de medidas investigativas son límites legítimos cuando se aplican en forma específica, limitada a lo estrictamente necesario y con respaldo legal. Sin embargo, al ordenar a funcionarios y agentes del Ministerio Público que se abstengan de brindar información que no sea previamente autorizada, desaconsejar intercambios personales con periodistas sobre causas en trámite y canalizar las consultas periodísticas a través de una única autoridad, el protocolo genera un claro efecto inhibitorio sobre fuentes, periodistas y medios. Ello empobrece el debate público y debilita la transparencia ciudadana sobre el funcionamiento del sistema penal.
La publicidad de los actos estatales y el acceso a la información de interés público son presupuestos esenciales de la libertad de prensa y del sistema democrático. Las restricciones a esa información deben ser excepcionales, precisas, fundadas y proporcionales. No basta invocar de modo genérico la prudencia institucional, la reserva o el resguardo de una investigación para establecer mecanismos que puedan derivar en un monopolio oficial de la información contrario a los artículos 14 y 32 CN y al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
En esa línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo en Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary que el monopolio de información ejercido por una autoridad judicial podía equivaler a una forma de censura, cuando impedía reunir y transmitir información de interés público. Esa doctrina resulta especialmente relevante frente a medidas que, bajo la apariencia de ordenar la comunicación institucional, concentran el flujo informativo en un único canal oficial y restringen el contacto regular entre periodistas y fuentes públicas.
ADEPA considera que el protocolo constituye un antecedente preocupante para la libertad de prensa y para el control ciudadano de la administración de justicia. Por ello, solicita a las autoridades del Ministerio Público de San Juan que revisen la medida y aseguren que toda regulación comunicacional respete el principio de máxima publicidad, el derecho de acceso a la información y la labor esencial que cumple el periodismo en una sociedad democrática. (Agencia OPI Santa Cruz)
