La Cámara de Diputados avanza en el tratamiento de una reforma a la Ley de Glaciares que podría modificar de manera significativa los criterios de protección ambiental en zonas cordilleranas. El proyecto busca redefinir qué áreas quedan protegidas y cuáles podrían habilitarse para actividades económicas.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de permitir tareas de exploración y explotación minera en el ambiente periglacial, algo que hasta ahora estaba restringido. La iniciativa plantea que estas actividades puedan desarrollarse siempre que cuenten con una evaluación de impacto ambiental favorable.
Santa Cruz alberga más del 40% de la superficie glaciar del país, siendo crucial para el agua potable y los ecosistemas locales.
Más poder para las provincias
Otro cambio clave es la transferencia de facultades a los gobiernos provinciales, que pasarán a tener mayor injerencia para definir qué zonas deben ser protegidas y cuáles pueden destinarse a proyectos productivos.
El proyecto fue impulsado por mandatarios provinciales con fuerte interés en el desarrollo minero. La intención es atraer inversiones en regiones del norte y Cuyo, en el marco del régimen de incentivo a grandes inversiones (RIGI).
Debate por el impacto ambiental
La actual Ley 26.639 establece la protección de glaciares y del ambiente periglacial, además de crear un inventario nacional para identificar estas áreas. Sin embargo, uno de los cambios en debate apunta a eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en zonas periglaciales.
De aprobarse la reforma, la habilitación de actividades dependerá de estudios técnicos que determinen si el área cumple una función hídrica relevante. En caso de no comprobarse ese aporte, podría autorizarse su explotación.
El proyecto genera posiciones encontradas: mientras algunos sectores sostienen que permitirá el desarrollo económico, otros advierten sobre los riesgos para los recursos hídricos y el ambiente.(NA)
