Trabajadores y entidades gremiales (ATE, CTA Autónoma y CLATE) convocados en la denominada Mesa Federal de ATE, denunciaron ante ésta Agencia a la directora de la UGL XXVIII del PAMI local, Paula Alejandra Álvarez referente de La Libertad Avanza junto al diputado Jairo Guzmán a quien sustituyó frente al organismo y fue denunciada en su círculo íntimo por ejercer violencia laboral y aprietes contra el personal.
Las denuncias contra la funcionaria se expresan en forma de amenazas y disciplinamiento en el PAMI ya que los directivos que responden a la funcionaria, intimidan a los empleados a viva voz, confirmando la existencia de “listas de sanciones” y advirtiendo que sus puestos de trabajo están en riesgo.
Este procedimiento, recordemos, lo aplicó anteriormente en la Obra social de los jubilados, el hoy diputado nacional por la LLA Jairo Guzmán, quien, además, hizo compras de cámaras de vigilancias a nombre del PAMI y las colocó en el local partidario de su partido.
Ahora, acusan a la responsable del PAMI local deaplicar sanciones como represalia a quienes ejercen su derecho a participar en asambleas y les han ordenado a los trabajadores “no interactuar con empleados de la gestión anterior”, a quienes estigmatizan tildándolos de “K”, buscando quebrar la solidaridad laboral.
Los gremios exigen el cese inmediato de estas prácticas. Pese al temor a represalias, el hartazgo de los casi 40 empleados del instituto dio lugar a un comunicado el cual es solo el inicio de una ola de reclamos más profundos, advierten las fuentes.
Puntualmente apuntan personalmente a la señora Álvarez, que vino desde Las Heras donde era titular de la Agencia del PAMI en esa ciudad, como ideóloga y ejecutora de las tareas de hostigamiento y persecución que antes llevaba a cabo el propio Guzmán, cuando ocupaba ese cargo y hoy ella es la continuadora de esta tarea antirreglamentaria que sin duda es una política que aplican en el organismo por orden superior.
“Si no lo hace ella personalmente, manda a sus secuaces a ejecutar esas amenazas”, remarcó una de nuestras fuentes consultadas y apuntó que esta gente “intiman a los empleados a no moverse de sus oficinas, a no hablar con tal o cual porque de no obedecer van a ser sancionados con riesgo de perder el trabajo”, detalló la fuente gremial consultada por OPI.
Otro de los representantes gremiales de ATE, le aseguró este medio que la titular del PAMI local no atiende a los afiliados ni a los proveedores y utiliza para sus acciones de amedrentamiento al segundo del PAMI Lucas Oyarzo o al abogado Matías Velázquez Kurger y su hermano Maximiliano quienes se encargan de presionar, especialmente, a empleadas mujeres.
Los hermanos Kurger provienen de Trelew. Maximiliano es tesorero de LLA y en el PAMI Santa Cruz se desempeña como Jefe del Departamento Administrativo y sobre quien los denunciantes prometieron publicar pruebas de manejos poco claros en la relación con los proveedores del PAMI y Matías Kurger es el Apoderado del partido y Jefe del Departamento Jurídico.
Según las denuncias de ATE, ninguno de ellos cumple horario, ni un rol específico, sino que el trabajo lo hace el personal a cargo que tiene experiencia tanto en lo tramital como en lo metodológico.
“Están puesto acá (los Kurger) por LLA para ser la mano de obra sucia de esta señora (Álvarez) que como Jairo (Guzmán) están detrás de esta campaña de desgaste y disciplinamiento a los empleados que hace años trabajan y hoy padecen estos maltratos con el solo fin de que renuncien o den excusas para echarlos, para colocar en esos lugares a gente del partido, tratando de hacer del organismo un coto de caza libertario aún peor de lo que ellos criticaban”, concluyó nuestra fuente. (Agencia OPI Santa Cruz)
